Proponen coordinación de derechos humanos en los 59 municipios de San Luis Potosí
El diputado José Roberto García Castillo propuso una iniciativa para que los 59 municipios de San Luis Potosí cuenten con una Coordinación Municipal de Derechos Humanos, instancia con titularidad identificable, atribuciones definidas y condiciones de operación ajustadas a las capacidades de cada ayuntamiento.
La propuesta plantea modificar diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. De aprobarse, esa coordinación sería la encargada de promover, orientar, canalizar y fortalecer las acciones en materia de derechos humanos dentro del ámbito de competencia municipal.
Para su operación, los ayuntamientos deberán prever anualmente en sus respectivos presupuestos de egresos los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para garantizar el funcionamiento de la coordinación, de conformidad con sus ingresos disponibles y las disposiciones aplicables en materia presupuestaria y de disciplina financiera.
La iniciativa precisa que la organización administrativa de la coordinación será determinada por cada ayuntamiento, atendiendo a sus condiciones presupuestarias, poblacionales y territoriales. Ello sin que implique la obligación de establecer estructuras administrativas uniformes, pero garantizando el ejercicio efectivo de las atribuciones previstas en la ley.
Entre las atribuciones del organismo se encuentra asesorar, orientar y brindar acompañamiento a las personas habitantes del municipio respecto del ejercicio y protección de sus derechos humanos, con especial atención a quienes pertenezcan a grupos de atención prioritaria. También canalizar ante las autoridades competentes los asuntos relacionados con posibles violaciones a derechos humanos.
Además, deberá promover, coordinar y participar, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en acciones permanentes de capacitación y sensibilización dirigidas a las personas servidoras públicas municipales, particularmente a quienes desempeñen funciones de seguridad pública, justicia cívica, inspección, protección civil y atención ciudadana.
La propuesta contempla la promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; personas migrantes; personas de la diversidad sexual; personas privadas de la libertad, detenidas o arrestadas; así como de quienes pertenecen a grupos de atención prioritaria.
Asimismo, prevé mecanismos de participación ciudadana y coordinación institucional con autoridades, organismos públicos de derechos humanos, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y demás sectores sociales, con el fin de identificar necesidades, desarrollar acciones preventivas y fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito municipal.
El legislador señaló que actualmente la ley exige contar con esta instancia únicamente en los municipios con población mayor a cuarenta mil habitantes. Sin embargo, sostuvo que esa distinción legal no obedece a una diferencia en las obligaciones constitucionales de las autoridades, sino a un criterio demográfico de organización administrativa que hoy requiere actualización.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Régimen Interno y Asuntos Electorales, y de Derechos Humanos.
