CEDH EMITE RECOMENDACIÓN A LA UASLP POR DISCRIMINACIÓN CONTRA EL DIPUTADO HÉCTOR SERRANO
#Local Determinó la vulneración a la igualdad, la no discriminación y el trato digno del legislador tras señalamientos de la rectoría.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió formalmente la Recomendación 10/2026 dirigida al Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La resolución concluye que la institución incurrió en vulneraciones directas a los derechos humanos a la igualdad, la no discriminación y el trato digno del diputado local Héctor Serrano Cortés.
El pronunciamiento legal, derivado del expediente de queja 1VQU-0165/2026 y notificado mediante el oficio PPOF-0079/2026, tiene su origen en las declaraciones públicas realizadas por el rector Alejandro Zermeño Guerra. En dichas intervenciones, la autoridad universitaria cuestionó abiertamente el origen y la formación académica del legislador en el marco de debates sobre fiscalización y transparencia institucional.
Tras realizar el análisis correspondiente, la CEDH determinó que los comentarios emitidos desde la rectoría trascendieron el debate público para constituir una afectación sistemática a los derechos fundamentales del promovente. La resolución establece de manera tajante que las expresiones institucionales no deben transgredir la dignidad individual bajo ningún contexto de discusión política o presupuestal.
Dentro del pliego de medidas de reparación integral, el organismo autónomo solicitó la inmediata inscripción de Héctor Serrano Cortés en el Registro Estatal de Víctimas, así como la emisión de una disculpa pública formal. Asimismo, se contemplan sanciones administrativas mediante la intervención del Órgano Interno de Control y la implementación de programas obligatorios de capacitación en derechos humanos y no discriminación para el personal universitario.
La notificación oficial fue recepcionada por la Secretaría General de la máxima casa de estudios el pasado 12 de octubre. Con ello, la responsabilidad queda en manos del Consejo Directivo Universitario, instancia que deberá fijar una postura pública y definir la ruta para dar cumplimiento integral a las recomendaciones y garantizar la no repetición de actos similares.
