Proponen juicio sumario para reducir de más de un año a semanas la resolución jurídica de menores en abandono en SLP
El diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Familiar y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de reestructurar el mecanismo de liberación jurídica de menores mediante la creación de un Juicio Sumario Especial para resolver la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la exposición de motivos, la incorporación de esta vía sumaria se sustenta en la eficiencia de las notificaciones y emplazamientos. Ante un abandono consumado y la imposibilidad de localizar el domicilio de los progenitores, la reforma faculta a agotar una búsqueda concentrada en registros oficiales en un término estricto de 30 días hábiles.
Si esa búsqueda resulta infructuosa, la notificación surtiría efectos mediante una única publicación de edictos en el Periódico Oficial del Estado y en la Plataforma Digital del Poder Judicial. Con ello, los tiempos de emplazamiento pasarían de más de un año a cuestión de semanas. El documento señala que el proceso ordinario familiar contempla plazos de contestación, periodos de alegatos, trámites probatorios dilatados y dobles vistas que resultan innecesarios cuando el hecho generador es el abandono institucional acreditado.
La propuesta establece que el juicio sumario concentraría la actuación procesal en una Audiencia Única de Juicio, que se realizaría dentro de los 15 días posteriores al emplazamiento o a la declaración de rebeldía, y en la que las evaluaciones biopsicosociales de las niñas, niños y adolescentes tendrían presunción de validez técnica.
Para evitar que las apelaciones dilatorias mantengan a los menores de edad en un «limbo jurídico» durante la tramitación de los recursos, la iniciativa plantea que la sentencia que decrete la pérdida de la patria potestad o la declaración de estado de abandono, como medio preparatorio al juicio de adopción, se ejecute de inmediato, admitiendo el recurso de apelación únicamente en el efecto devolutivo. Con ello, la niña, niño o adolescente y el Comité Técnico de Adopción podrían avanzar inmediatamente en la asignación del menor a un entorno familiar idóneo.
El legislador expuso que «tratar con reglas procesales ordinarias las situaciones extraordinarias de abandono infantil no es equidad; es una incongruencia jurídica que vulnera la tutela judicial efectiva». Añadió que, con la aprobación de la iniciativa, el Congreso del Estado saldaría una deuda histórica con la infancia cuyo derecho a vivir en familia ha sido difícil de materializar a través de una adopción, al transformar un sistema burocrático de espera en un instrumento de restitución del derecho humano a tener una familia.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia.
