noviembre 22, 2026

Propone diputada reconocer el incumplimiento de la pensión alimenticia como violencia económica en San Luis Potosí

La diputada María Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar el incumplimiento injustificado de las obligaciones alimentarias al apartado de violencia económica, siempre que esa omisión vulnere la subsistencia, la autonomía o la situación económica de la víctima.

De acuerdo con la legisladora, la propuesta busca ampliar el concepto jurídico de violencia económica y dotar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales de herramientas conceptuales precisas para calificar este tipo de conductas, además de armonizar el marco legal local con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres y con el interés superior de la niñez.

Robles Chairez indicó que la modificación pretende visibilizar una de las problemáticas más recurrentes, como es el abandono de las obligaciones alimentarias. Con ello, planteó, se permitiría un acceso a la justicia más integral, al reconocer que la autonomía económica es fundamental para erradicar cualquier tipo de violencia de género.

La diputada añadió que la precisión normativa resulta particularmente importante desde una perspectiva de prevención, pues reconocer de manera expresa esta conducta permite visibilizar una forma de violencia que puede prolongarse durante meses o años. En determinados casos, advirtió, puede generar consecuencias que trascienden a la víctima directa y afectan también a niñas, niños y adolescentes que dependen económicamente de ella.

Por ello, sostuvo que se hace necesario armonizar la protección jurídica de las mujeres con una visión integral de la violencia, reconociendo que la autonomía económica constituye un elemento indispensable para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales.

Asimismo, la propuesta permitiría otorgar mayor claridad a las autoridades encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, al proporcionarles un referente normativo expreso para identificar aquellas conductas en las que el incumplimiento de obligaciones alimentarias trasciende el ámbito patrimonial y se convierte en un mecanismo de afectación económica hacia la víctima.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado de San Luis Potosí.