Diputada propone reforma a Ley de Educación en SLP para prevenir violencia escolar
La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de actualizar el marco jurídico e incorporar definiciones que permitan prevenir, atender y erradicar la violencia en entornos escolares.
La legisladora señaló que el objetivo de actualizar el marco jurídico existente responde a las nuevas formas de agresión que actualmente afectan la convivencia escolar y vulneran gravemente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
La Ley General de Educación establece que corresponde a las autoridades educativas promover mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, garantizar ambientes favorables para el aprendizaje, impulsar la educación socioemocional y fomentar la cultura de paz, la solución pacífica de conflictos y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En este tenor, resulta necesario reconocer que diversos ordenamientos estatales en materia de seguridad escolar responden todavía a una lógica predominantemente reactiva o securitaria, enfocada principalmente en medidas disciplinarias o de control, sin incorporar de manera suficiente los estándares contemporáneos de derechos humanos, inclusión, justicia restaurativa, salud mental, perspectiva de género, participación estudiantil y protección integral.
La violencia y el maltrato en los entornos escolares constituyen una de las problemáticas más graves que afectan actualmente a niñas, niños y adolescentes, debido a las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, sociales y académicas que generan en quienes las padecen.
Estas conductas no pueden seguir considerándose conflictos menores o situaciones aisladas propias de la convivencia escolar, pues representan formas de agresión sistemática que vulneran la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una educación en condiciones de seguridad, igualdad y bienestar.
Dijo la diputada Martínez Vázquez que frente a este escenario, resulta indispensable fortalecer el marco jurídico vigente mediante la incorporación de conceptos claros, amplios y precisos que permitan identificar, prevenir, atender, sancionar y erradicar las distintas manifestaciones de violencia y maltrato en los entornos escolares, evitando vacíos normativos que dificulten la actuación de las autoridades y la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa parte del reconocimiento de que toda persona tiene derecho a desarrollarse en espacios educativos libres de violencia, intimidación, discriminación y abuso de poder, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar mecanismos eficaces de prevención, protección y atención integral frente a cualquier conducta que atente contra la integridad física, psicológica, emocional o sexual de quienes integran la comunidad escolar.
En este sentido, las instituciones educativas, incluso aquellas de carácter privado que prestan un servicio público de educación, se encuentran obligadas a actuar bajo el principio del interés superior de la niñez, lo que implica no sólo abstenerse de vulnerar derechos, sino desplegar acciones eficaces de prevención, atención y protección frente a cualquier manifestación de violencia escolar.
Así, cuando las afectaciones emocionales y psicológicas sufridas por una niña, niño o adolescente derivan directamente de conductas de hostigamiento toleradas o ignoradas por la institución educativa, se actualiza una violación grave a los derechos de la infancia, pues el deber de protección exige una actuación inmediata, diligente y efectiva encaminada a garantizar entornos escolares seguros, inclusivos y libres de violencia.
La reforma propuesta tiene como finalidad actualizar el marco jurídico existente en virtud de las nuevas formas de agresión que actualmente afectan la convivencia escolar y vulneran gravemente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, incorporando definiciones y modalidades específicas que permitan atender los nuevos retos en el entorno escolar.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Niñas, Niños y Adolescentes, Juventud y Deporte.
