Comisión del Congreso de SLP aprueba endurecer penas por apología del delito contra menores y servidores públicos
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma al artículo 188 del Código Penal estatal para incrementar hasta en una mitad las penas por los delitos de provocación y apología del delito, cuando las conductas estén dirigidas a menores de edad o personas con vulnerabilidad cognitiva, así como cuando sean cometidas por servidores públicos, quienes además podrían ser destituidos e inhabilitados.
La iniciativa, presentada por el diputado José Roberto García Castillo, fue dictaminada favorablemente por la comisión legislativa, cuya presidenta, la diputada María Leticia Vázquez Hernández, informó que se establecen dos circunstancias agravantes. La primera aplica cuando la conducta se cometa en perjuicio de una persona menor de 18 años o de alguien sin capacidad para comprender el significado del hecho. La segunda, cuando el responsable sea un servidor público.
La comisión dictaminadora consideró que la propuesta de agravar el tipo penal cuando se involucre a menores de edad o personas con vulnerabilidad cognitiva no solo es pertinente, sino que cumple de forma estricta con las obligaciones del Estado mexicano contenidas en el Bloque de Constitucionalidad.
La reforma al artículo 188 del Código Penal quedó redactada de la siguiente manera: las penas previstas en el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad más cuando la conducta se dirija intencionalmente a menores de 18 años o a personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho; o cuando el responsable tenga el carácter de servidor público y cometa el delito en ejercicio de sus funciones o mediante el uso de recursos e infraestructura institucionales. En este último caso, se impondrá además como sanción la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública por un periodo igual al de la sanción privativa de la libertad impuesta.
Los legisladores señalaron que la apología del delito no solo legitima comportamientos ilícitos, sino que actúa como un catalizador para su normalización, especialmente entre sectores vulnerables como los menores de edad y las personas con capacidades limitadas para comprender el impacto de sus acciones. La reforma busca abordar esta problemática mediante la incorporación de dos supuestos agravados.
Se destacó que los menores de edad, por su etapa de desarrollo y aprendizaje, son particularmente susceptibles a la influencia de mensajes que glorifican conductas delictivas. La exposición constante a discursos que normalizan la violencia o el crimen, ya sea a través de redes sociales, música o espectáculos públicos, incrementa el riesgo de que los menores adopten comportamientos delictivos.
En cuanto a los servidores públicos, se subrayó que por su posición de autoridad y su rol como representantes del Estado, tienen una responsabilidad ética y legal de actuar como modelos de conducta para la sociedad. Cuando un servidor público incurre en la apología del delito, el impacto de su conducta es especialmente grave, ya que su influencia puede amplificar la percepción de legitimidad de los actos ilícitos.
Estas acciones no solo erosionan la confianza en las instituciones públicas, sino que también contravienen los principios de legalidad, honradez y lealtad establecidos en el artículo 123, apartado B, de la Constitución. Por ello, se consideró imperativo establecer sanciones más severas para garantizar que los servidores públicos no incurran en prácticas que promuevan la criminalidad, reforzando su deber de contribuir a la construcción de una sociedad justa y segura.
El dictamen será sometido a consideración del Pleno del Congreso para su análisis y votación correspondiente.
