Buscan exentar del pago de corralón a víctimas de robo de vehículos en San Luis Potosí
Con el objetivo de evitar la revictimización de quienes sufren robo de vehículos, la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa para eliminar el cobro por servicios de arrastre y pensión en casos de unidades recuperadas tras un ilícito.
La propuesta plantea adicionar un párrafo tercero al artículo 61 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí. Con ello, se buscaría que las personas que hayan denunciado el robo de su automóvil no tengan que pagar por el traslado y la estancia del vehículo en un corralón, una vez que las autoridades lo localicen y aseguren.
La legisladora señaló que el robo de vehículos es uno de los delitos con mayor impacto patrimonial y social en la entidad. Por ello, la reforma pretende establecer el principio de no imputabilidad al propietario, ya que las víctimas no deben asumir costos derivados de un delito cometido por un tercero.
De acuerdo con la iniciativa, cuando una unidad robada es localizada por corporaciones policiales o por investigaciones ministeriales, esta suele ser asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente. Después es trasladada a un depósito vehicular para su custodia provisional mientras se realizan las diligencias correspondientes.
El resguardo tiene como finalidad preservar la integridad del vehículo como posible objeto o instrumento del delito, evitar su alteración o desaparición, y garantizar su disponibilidad para efectos probatorios dentro del procedimiento penal. Sin embargo, este aseguramiento no obedece a una infracción administrativa del dueño, sino a la comisión de un delito perpetrado por un tercero.
Para la diputada, trasladar a la víctima la carga económica del arrastre y almacenamiento implica imponerle una consecuencia patrimonial adicional derivada del ilícito sufrido. Esto se traduce en una afectación desproporcionada a su derecho de propiedad y en una revictimización institucional.
La iniciativa también advierte que la permanencia de vehículos robados y recuperados en depósitos plantea retos operativos y normativos. Los corralones suelen albergar tanto unidades aseguradas por faltas administrativas como aquellas vinculadas a investigaciones penales, lo que genera saturación, riesgos de deterioro, pérdida de piezas o depreciación acelerada.
Además, la custodia prolongada puede generar responsabilidad patrimonial del Estado, si no se garantiza la conservación adecuada del bien durante el tiempo que permanezca bajo resguardo oficial.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso local, donde se determinará su viabilidad.
