La Wiwa pasa del crimen en la Huasteca a los negocios de Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga
La caída de Juan “N” tras ser vinculado a proceso no puede leerse como un caso aislado. Representa apenas la punta del iceberg de una red donde la violencia registrada en la Huasteca se cruza con intereses económicos y políticos protegidos por una aparente legalidad. El expediente y los señalamientos públicos colocan a este personaje en el círculo cercano del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia fuera del país y enfrenta el cerco de la Unidad de Inteligencia Financiera por cuentas congeladas y presunto lavado de dinero. Esa cercanía desnuda cómo operadores vinculados a delitos graves encuentran cobijo en estructuras de poder que presumen honorabilidad mientras construyen fortunas de origen dudoso. La llamada “La Wiwa” deja de ser solo un apodo criminal y se convierte en una señal de alerta sobre los vasos comunicantes entre el crimen, los negocios y la política.
La sombra de esas relaciones peligrosas también alcanza al diputado federal David Azuara Zúñiga, sobre quien pesan señalamientos constantes y graves por el uso opaco de recursos públicos orientados a caprichos personales, negocios y ambiciones de poder. Mientras ambos actores simulan honestidad y despilfarran recursos de procedencia cuestionable, sus círculos cercanos aparecen plagados de operadores ligados al homicidio, la intimidación y el terror sembrado en municipios como Tanquián de Escobedo. Resulta indignante que la impunidad les permita tejer imperios económicos y políticos a costa del bienestar social. El verdadero peligro no solo viste de delincuente común: también se presenta como empresario prófugo y político corrupto, protegido por contactos, dinero y silencios cómplices.
El caso de Juan “N” exige una investigación que no se detenga en el eslabón visible. La Fiscalía, la UIF y las autoridades electorales y administrativas deben revisar contratos, cuentas, propiedades y redes de financiamiento que conectan la violencia de la Huasteca con negocios y campañas. No basta con detener a un operador si quienes lo rodearon siguen libres, influyendo en decisiones o huyendo con recursos congelados solo en apariencia. La sociedad potosina tiene derecho a saber quién protegió a quién, qué empresas sirvieron para lavar dinero y qué funcionarios facilitaron la impunidad. La caída de “La Wiwa” debe abrir una auditoría profunda sobre Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga, con transparencia, sanciones reales y reparación para las víctimas de Tanquián de Escobedo. De lo contrario, el mensaje será que el crimen organizado puede seguir operando desde oficinas, despachos y curules, mientras la justicia solo alcanza a los nombres menores. Por: Cory.
