Congreso aprueba reforma para garantizar autonomía económica a mujeres víctimas de violencia

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, impulsada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, para asegurar el derecho de las mujeres víctimas de violencia a alcanzar su autonomía económica. La iniciativa reconoce que la violencia económica no siempre se denuncia, pero afecta directamente la posibilidad de salir de los círculos de abuso, pues la falta de autonomía financiera limita la toma de decisiones y aumenta el riesgo de permanecer en relaciones violentas por no poder cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o educación para hijas e hijos. Por ello, la reforma establece el acceso a programas de capacitación, educación financiera y formación para el trabajo, además de cursos, talleres y otras herramientas orientadas al desarrollo de la autonomía económica y financiera, la generación de ingresos propios, el fortalecimiento de la independencia, la inserción laboral y el empoderamiento económico.

Con esta medida, el Congreso fortalece el marco jurídico al reconocer la dimensión económica de la violencia y proponer acciones concretas para enfrentarla. La reforma plantea que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a espacios de formación y capacitación que les permitan construir alternativas reales de desarrollo. La diputada Sánchez de Lira señaló que la reforma representa un avance necesario y congruente con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y de igualdad de género. Su aprobación permite dar un paso firme hacia una sociedad más justa, donde las mujeres cuenten con herramientas reales para vivir con dignidad y sin violencia. Asimismo, se subraya que muchas políticas públicas se concentran en la atención inmediata, lo cual es necesario, pero no suficiente; sin herramientas para generar ingresos, la recuperación a largo plazo se vuelve frágil y la independencia queda limitada.

El impacto esperado de la reforma es significativo: más mujeres con ingresos propios, mayor participación laboral, reducción de la dependencia económica y, en consecuencia, una disminución en la permanencia en contextos de violencia. Experiencias nacionales e internacionales muestran que cuando las mujeres acceden a capacitación laboral y educación financiera incrementan sus ingresos entre un 20 y un 30 por ciento en promedio, además de tener mayores probabilidades de iniciar pequeños negocios o incorporarse al mercado formal de trabajo. Estudios también han señalado que las mujeres con ingresos propios tienen hasta un 50 por ciento menos de probabilidad de regresar con su agresor. Por eso, la reforma no solo beneficia a las mujeres, sino que contribuye al desarrollo social y económico en su conjunto, al sentar bases más sólidas para que ejerzan plenamente sus derechos y rompan ciclos de violencia con herramientas concretas de autonomía.