noviembre 19, 2026

Gallardo advierte detención inminente del sacristán señalado por abusos sexuales en San Luis Potosí

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que la detención del sacristán José Pompeyo, señalado por presuntos abusos sexuales contra menores en la capilla San Pedro y Santa María de Guadalupe, en la colonia Prados Segunda Sección, podría concretarse en las próximas horas. El mandatario estatal indicó que solicitará formalmente a la Fiscalía General del Estado actuar con celeridad para lograr la captura del presunto agresor y subrayó que no habrá privilegios ni consideraciones por vínculos religiosos. Su postura responde a la exigencia pública de madres de familia y colectivas que han documentado al menos ocho casos de agresiones contra niñas y niños de entre 5 y 13 años.

Gallardo Cardona fue cuestionado sobre el llamado de las madres de familia para intervenir en el caso y confirmó que la Fiscalía General del Estado actuará en las próximas horas. Afirmó que la justicia debe aplicarse por igual y que todos los delitos contra la infancia deben perseguirse con la misma severidad, sin importar el perfil de los involucrados. Señaló que se llegará hasta las últimas consecuencias y rechazó que se dé mayor o menor relevancia a una denuncia dependiendo de si el señalado pertenece a una institución religiosa. Las denunciantes han exigido la detención inmediata del sacristán y han señalado una presunta red de encubrimiento al interior de la Iglesia, apuntando hacia el párroco del templo y la esposa del señalado.

De acuerdo con los testimonios recabados por madres de familia y colectivas como Abejita Vuelve a Casa, los abusos habrían ocurrido de manera sistemática durante los 15 años que el presunto agresor laboró en el recinto religioso. Los casos documentados involucran a menores de edad y han generado indignación en la comunidad, que demanda respuestas claras de las autoridades estatales y eclesiásticas. La exigencia de justicia incluye no solo la captura del sacristán, sino también la revisión de posibles omisiones y responsabilidades de quienes tenían conocimiento de las agresiones. El gobernador insistió en que la Fiscalía actuará sin distinciones y que la protección de la infancia es una prioridad.

La declaración del mandatario se produce en un contexto de presión social y seguimiento mediático del caso. Las madres de familia han insistido en que las autoridades no deben permitir que los vínculos religiosos interfieran con la investigación. Mientras la Fiscalía General del Estado prepara las acciones para localizar y detener al señalado, la sociedad potosina permanece atenta a que se cumpla la promesa de justicia y se evite la impunidad. El caso también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para niñas, niños y adolescentes en espacios religiosos y comunitarios.