Iniciativa en San Luis Potosí busca elevar a 70 años la pena por feminicidio y ampliar agravantes
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa en el Congreso de San Luis Potosí para reformar el Código Penal del estado, con el objetivo de endurecer las sanciones por feminicidio y ampliar las circunstancias que lo configuran. La propuesta modifica los artículos 135 y 135 BIS, y adiciona el artículo 135 TER, a fin de fortalecer la persecución de este delito y garantizar la protección de las víctimas.
La iniciativa plantea incrementar la pena por feminicidio de 40 a 60 años de prisión, como se establece actualmente, a un rango de 50 a 70 años. Además, se busca prohibir que las personas sentenciadas por este delito accedan a criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios, terminación anticipada o cualquier fórmula procesal que reduzca la pena. Tampoco podrían beneficiarse de indultos, amnistías o figuras análogas.
Otro punto relevante es que la acción penal, la sanción impuesta y la reparación integral del daño serían imprescriptibles en casos de feminicidio. La iniciativa también señala que, en caso de tentativa, la pena de prisión y la multa no podrán ser menores a la pena mínima prevista en el artículo 135 del propio código.
En cuanto a las razones de género, la propuesta amplía el espectro para considerar feminicidio cuando exista o haya existido una relación de parentesco, afecto, docente, laboral o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación o superioridad entre la víctima y el agresor. Asimismo, se incorpora la existencia de antecedentes de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica, incluso si no fueron denunciados previamente.
La reforma también contempla como agravante que el delito se cometa en un contexto de subordinación o asimetría de poder, que esté motivado por prejuicios u estereotipos relacionados con la orientación sexual, la expresión de género o las características sexuales de la víctima, o que la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendido como una situación de desprotección real que impida o dificulte su defensa.
En materia de investigación, la iniciativa establece que toda muerte violenta de una mujer, así como su tentativa, deberá investigarse con perspectiva de género y bajo la hipótesis de feminicidio, conforme a protocolos especializados. El Ministerio Público estaría obligado a identificar y medir el nivel de riesgo de la víctima según las características del imputado y el contexto de violencia sufrida, aplicando las medidas necesarias para salvaguardar su integridad.
La propuesta fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso local para su análisis y dictamen. Con esta iniciativa, la diputada Rocha Medina busca ampliar las herramientas legales para combatir el feminicidio y garantizar que las investigaciones se realicen con enfoque de género.
