San Luis Potosí prioriza el trasplante renal pediátrico con una reforma histórica a la ley estatal
El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de Donación y Trasplantes para el Estado, impulsada por la diputada Frinné Azuara Yarzabal, con el objetivo de favorecer los mecanismos de trasplante renal y otorgar atención preferente a los pacientes pediátricos que se encuentran en lista de espera. La legisladora explicó que la iniciativa surgió como una solicitud directa del Centro Estatal de Trasplantes, CETRA, ante el riesgo vital que enfrentan las niñas y los niños que requieren un riñón para preservar su vida y su desarrollo. Con esta modificación, San Luis Potosí da un paso firme hacia un modelo de atención más humano, eficiente y centrado en quienes más lo necesitan.
La reforma adiciona el artículo 52 Bis, que establece la prioridad obligatoria para los pacientes pediátricos. A partir de ahora, las unidades médicas deberán garantizar la evaluación, los estudios de compatibilidad, el tratamiento y el seguimiento preferente de los menores, con un plazo máximo de ocho meses para realizar el trasplante, salvo que exista una causa médica justificada y documentada. Este ordenamiento busca evitar que los trámites administrativos o la saturación hospitalaria retrasen intervenciones que resultan determinantes para la supervivencia y la calidad de vida de la población infantil. La reforma también incorpora un capítulo específico sobre trasplante pediátrico y reconoce el trasplante renal como una estrategia prioritaria dentro de un modelo integral de atención a la Enfermedad Renal Crónica.
El dictamen contempla además la creación del Título Sexto, denominado Del Fomento a la Cultura de Donación, Información Hospitalaria, Capacitación y Evaluación Permanente, orientado a fortalecer el Sistema Estatal de Donación y Trasplantes. Entre sus disposiciones destaca la incorporación de contenidos sobre donación altruista en los planes de estudio de educación básica y media superior, así como la implementación de campañas permanentes de sensibilización ciudadana con metas cuantificables y resultados públicos. De igual manera, se obliga a hospitales y clínicas a entregar reportes mensuales de defunciones y potenciales donantes al CETRA, y se establece capacitación y certificación semestral obligatoria para los coordinadores hospitalarios de donación y trasplantes.
Otro de los ejes centrales es la transparencia y la modernización administrativa. La reforma obliga a transparentar los procesos hospitalarios mediante informes mensuales, a profesionalizar la función de los coordinadores hospitalarios con capacitación obligatoria y a actualizar el Registro Estatal de Donadores y Receptores, que será digital, interoperable y transparente. Con estas medidas se pretende que la ciudadanía acceda a información clara sobre los tiempos de espera, los criterios de asignación y los avances del sistema estatal, generando confianza en las instituciones y fortaleciendo la cultura de la donación de órganos en todo el territorio potosino.
La legisladora subrayó que estas reformas salvarán vidas, ya que el trasplante renal duplica la probabilidad de supervivencia a seis años en comparación con la diálisis. En la población infantil, una intervención temprana puede significar décadas de vida productiva y con calidad, además de optimizar el gasto público, pues el costo acumulado de un trasplante es significativamente menor al de las terapias dialíticas, lo que libera recursos para la prevención y la ampliación de la cobertura en salud. A nivel nacional, según datos del Centro Nacional de Trasplantes, más de 22,900 personas esperan un órgano y más de 16,700 requieren un riñón. Con esta reforma, San Luis Potosí garantiza justicia intergeneracional bajo el principio del interés superior de la niñez.
