Congreso de San Luis Potosí avanza en elección del nuevo fiscal anticorrupción
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió y aprobó la terna enviada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para designar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. La diputada presidenta Leticia Vázquez Hernández informó que la propuesta está integrada por Jesús Iván Meza Galeana, Javier Ortiz Patiño y Benjamín Pérez Álvarez, por lo que será turnada al Pleno para su votación correspondiente. El proceso busca cubrir la vacante que se generó tras la renuncia del titular anterior y garantizar la continuidad de las funciones de la fiscalía especializada.
Vázquez Hernández detalló que el ciudadano Felipe Aurelio Torres Zúñiga fue electo titular de la Fiscalía para el periodo del 6 de mayo de 2021 al 5 de mayo de 2028; sin embargo, el pasado 31 de marzo presentó su renuncia ante el Congreso del Estado con efectos inmediatos, lo que dio inicio al procedimiento correspondiente. En consecuencia, el Congreso emitió el Decreto 507, publicado el 9 de abril, mediante el cual se declara vacante la titularidad de la Fiscalía con efecto a partir del 31 de marzo. Dicha situación se hizo del conocimiento del Gobernador Constitucional del Estado, quien envió la terna para elegir a quien ocupará esa responsabilidad.
La terna de ciudadanos de la que se elegirá al nuevo fiscal para que ocupe el cargo desde la fecha de su elección hasta el 5 de mayo de 2028 está integrada por Jesús Iván Meza Galeana, Javier Ortiz Patiño y Benjamín Pérez Álvarez. La Comisión Primera de Justicia aprobó la propuesta y la turnará al Pleno para su votación correspondiente, en un procedimiento que se desarrolla conforme a lo previsto por la normativa estatal. Con esta decisión, el Congreso avanza en la definición de la persona que encabezará la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción en San Luis Potosí.
En la misma sesión de la comisión legislativa se aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 37 y se adiciona al mismo artículo 37 una nueva fracción de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí. El dictamen propone establecer una nueva orden de protección administrativa en la que, en casos de peligro inminente o de extrema urgencia de violencia, el Ministerio Público podrá determinar la desocupación inmediata por la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo.
